NUESTRO DERECHO A LA LEY DE DEPENDENCIA

Cuidadores No Profesionales

Vivo en una de las ciudades más envejecidas de España y de Europa, concretamente en un barrio humilde donde abundan las personas que se encuentran en la tercera edad. En mi edificio, al menos una persona por planta vive con un grado de dependencia severo sin recibir la ayuda pública que le correspondería. Algunos están solos, otros pagan como buenamente pueden alguna hora de ayuda a domicilio privada, y donde finalmente no  pueden costearse estos servicios son sus familiares quienes se ven avocados a realizarlos. Como os había comentado en la presentación de mi blog, esta última es mi circunstancia, la cual me ha obligado, junto a la precariedad laboral, a tener que dejar de lado mi carrera profesional durante un tiempo extremadamente prolongado. 

Con el artículo de hoy no pretendo mostraros el desolador panorama en cuanto a datos estadísticos que arrastra la situación de los dependientes en España (los cuales podéis leer en muchas otras webs), ni tampoco busco contaros o el denunciar las tristes historias que se viven en este edificio. Lo que os voy a relatar a continuación es un pequeño análisis político-social que refleja el porqué estamos viviendo esta situación. 

Sin haceros esperar más, después de esta introducción algo personal, paso a relataros esas cuestiones sociales relacionadas con la dependencia… aunque, dejadme haceros una advertencia antes: el post de hoy (y los que le seguirán sobre esta materia) está centrado en la tercera edad. Pese a ello, debemos de tener presente que no  solo los ancianos son “los dependientes”, pues existen otras personas más jóvenes (incluso niños) que también tienen un grado de discapacidad. Por tanto, todo lo que veremos es aplicable a ambos. Aclarado esto, entramos en materia.

En primer lugar, el aspecto más importante para paliar esta situación es el económico. Los cuidados de geriatría son caros… muy caros, la pensión más cobrada en España ronda los 600€ y los salarios de los familiares para poder compensar estas suelen ser bajos. Para mayor inri, el estado goza de un nivel de deuda pública descomunal, lo que hace que no se destinen a estos servicios el dinero precisado. En concreto, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) realizados para este año, la partida destinada a la deuda es la tercera más importante, superando los 32.000 millones de euros. Por contra, el dinero destinado a servicios sociales no llega a los 2.500 millones (dieciséis veces menos). Teniendo en cuenta que en los servicios sociales no entran solo los dependientes, desde luego como veis la situación no es halagüeña.

Situación emergencia social

 

Desde septiembre del año 2011 hemos visto como se priorizaba el pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto. Ello fue consecuencia de la modificación del artículo 135 de la Constitución Española (CE). Este artículo lo que vino a establecer fue el rango de constitucionalidad al principio de estabilidad presupuestaria, que posteriormente fue desarrollado por la Ley Orgánica (L.O) 2/2012. En lo que ahora nos concierne, cabría destacar parte de su apartado 3º, donde se nos viene a decir que la deuda pública que tiene el estado español, junto a los intereses que esta genera, siempre deberá estar incluida en la parte de gastos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), gozando su pago de prioridad absoluta

¿Por qué se cambió dicho precepto constitucional os preguntaréis? Pues esencialmente por presiones de los mercados financieros, que son aquellos que financian la compra de deuda de todos los estados, a los cuales hubo que tranquilizar en momentos convulsos vividos al inicio de la crisis. Evidentemente, lo peor de toda esta problemática es que estamos poniendo por delante de todo el pago de altos intereses de dinero prestado al estado español. ¿No hay que pagar la deuda entonces? Por supuesto que hay que pagarla, debemos de reducir el déficit y controlar la cantidad de deuda que tiene el estado, pero lo que deberíamos de evaluar es el actual ritmo de pago en relación al momento que estamos viviendo…. y explico mejor esto último: las actuales políticas de austeridad lo único que están consiguiendo, bajo mi humilde opinión, es alargar la crisis a la par de ser netamente ineficientes en la reducción del volumen de deuda pública. Ya que tampoco podemos devaluar la moneda para paliar dicha moderación económica, lo que necesitamos para salir de este bache estructural son otras políticas económicas, como las keynesianas, expansivas o de redistribución de la renta (recordad las políticas de new deal tras la gran depresión norteamericana). Cuando hayamos conseguido una recuperación económica real (que note el ciudadano), entonces será el momento de agilizar el pago de deuda pública. Lo contrario, no creo que nos este llevando a otro lugar más que a un futuro colapso por desigualdad.

Tras la publicación de la L.O 2/2012, a través del Real Decreto Ley (R.D.L) 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, se llevaron a cabo recortes en este derecho que hoy analizamos. Desde entonces, el dinero destinado a dichas prestaciones fue menor, por lo que se instauró el copago en dependencia. En este sentido, me gustaría tratar brevemente uno de estos recortes, como fue el de la extinción de los convenios que tenían suscritos los cuidadores de familiares dependientes con la Seguridad Social.  A consecuencia de ello, lo familiares que estén dados de alta en la Seguridad Social (como cuidadores) tienen que hacerse cargo del 100% de su cotización a la misma, la cual anteriormente pagaba el Estado. No os penséis que estamos hablando de casos aislados, pues son casi 200.000  los afectados. Como no podemos revertir esta circunstancia, vamos a ver rápidamente en que consiste este tipo de convenio especial entre cuidador no profesional y seguridad social.

Convenio Cuidadores Dependientes

 

¿Qué requisitos debe cumplir el cuidador para poder adherirse al convenio?. Lo primero, es que debemos de ser preceptores de una ayuda económica (muy pequeña) que regula la Ley de Dependencia en sus artículos 17 a 20, la cual es una de las opciones que nos ofrecerán los servicios sociales cuando nos encontremos con estos problemas de diversidad funcional (otras opciones son las residencias, centros de día o ayuda a domicilio). A mayores, no podremos estar dados de alta en cualquier régimen de la Seguridad Social a jornada completa. Tampoco podremos estar inscritos como desempleados o cobrar ciertas prestaciones. 

¿De qué acción protectora gozaremos si nos damos de alta en este régimen especial? Pues estaremos cotizando para nuestra jubilación (sin derecho a paro si se extingue esta relación), servicios sociales, posibles casos de incapacidad permanente (no para la temporal) , muerte y supervivencia que deriven de accidentes de cualquier tipo  o enfermedades cualquiera que fuere su causa.

Si estáis leyendo esto, tenéis una situación similar en vuestra casa y queréis suscribiros al convenio, podéis acudir a la Seguridad Social de vuestra población para recibir un asesoramiento completo al respecto.

Para ir concluyendo esta entrada introductoria sobre dependencia, me gustaría aclarar que el post que acabáis de leer hoy representa solo la punta del iceberg de todos los problemas que rodean a esta materia. En próximas semanas dedicaremos al menos 3 o 4 artículos más a los dependientes (pues se lo merecen). En esencia, analizaremos este problema con una mayor profundidad constitucionalista, estudiaremos las reclamaciones más significativas que en este sentido existen (con la viabilidad de ganarlas), aprendiendo por que vía debemos reclamar, en que plazo, así como particularidades jurídico-administrativas que conciernen a este tipo de procedimientos y que nos harán entender mejor los actos administrativos que recibimos cuando solicitamos la ayuda. Si os interesa este asunto, sois personas afectadas por el mismo o conocéis a alguien que lo sea, os cito para continuar leyendo la información que os facilite en próximas fechas.

Manuel Ángel es licenciado en derecho y es el autor de este blog.

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