EL RETRASO EN LAS AYUDAS DE DEPENDENCIA (II)

RETRASO AYUDAS DEPENDENCIA

Tras haber explicado en el anterior post la reclamación más característica que hemos visto en los últimos años en torno a la dependencia, vamos a continuar con dicho asunto viendo ahora la parte relativa a la Responsabilidad Patrimonial que pudiera surgir de la falta de concesión del servicio o prestación económica que no ha otorgado la Administración a las personas dependientes que lo solicitaron.

3.-¿Tiene en estos supuestos Responsabilidad Patrimonial la Administración?

Antes de dar respuesta a esta pregunta, sería conveniente que supiéramos donde está regulada dicha responsabilidad.

Por un lado, según el artículo 106.2 de la Constitución Española (CE), que regula la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos“. Este precepto hace alusión a la responsabilidad objetiva. Esta responsabilidad civil es aquella en la que se antepone el indemnizar a los perjudicados y no el buscar un culpable. El carácter constitucional de la misma aumenta la consideración de que los afectados (los dependientes), con independencia de sus medios y capacidades, sean resarcidos en sus derechos.

Al margen de la CE, la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas está regulada en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, reguladora del Régimen Jurídico del Sector Público, que se ocupa esencialmente de los principios que inspiran la misma, así como en la ya mencionada Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la cual contiene determinadas especialidades al respecto ya que, a día de hoy, el procedimiento que regula la Responsabilidad Patrimonial se ha convertido en una especialidad del Procedimiento Administrativo Común. 

Cabe destacar en este sentido que, conforme al susodicho artículo 32 de la Ley 40/2015 “los particulares, tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”.

Requisitos Responsabilidad Patrimonial TS

 

Dicho todo esto, y en pro de dar respuesta a la pregunta formulada, el Tribunal Supremo (TS) ha determinado en innumerables ocasiones que para que exista esta responsabilidad deberán de darse los siguientes requisitos:

  • La efectiva realidad de un daño, evaluable e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.
  • Que el daño de la lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, exclusiva e inmediata de causa a efecto, sin intervenciones extrañas que alteren el nexo causal.
  • Que no concurra fuerza mayor

Además, nuestro más alto tribunal también determina que quien solicite este tipo de resarcimiento deberá acreditar:

  • La existencia y cuantificación del daño que reclama
  • La existencia de un nexo de causalidad entre el funcionamiento de servicio público y el daño reclamado.

Por tanto, podríamos concluir que cabría no solo solicitar la nulidad de la actuación (o la falta de la misma), sino también el resarcimiento que ello conlleva sin problema acumulativo al respecto. Esto es así ya que el TS, en la sentencia 1373 de 15 de abril del año 2008, dejó ya claro que “conforme al artículo 31.2 de Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA), es admisible la petición que formule no solo la declaración de nulidad de la actuación que se impugna, sino que junto a ella cabe añadir el resarcimiento de daños y perjuicios derivados de la actuación demorada. Esto es debido a que, conforme el artículo 65.3 de la LJCA, la solicitud indemnizativa por daños y perjuicios en la LJCA está determinada como una pretensión singular, pudiendo esta no solo ser acumulada junto a la nulidad en el momento de la demanda, sino también hacerse en vista o conclusiones siempre que el daño esté acreditado en autos”.

Pese a lo relatado, en relación a la diversidad resolutoria aludida en el post precedente, tenemos que resaltar en este punto que algunos Tribunales han sentenciado que no se daba esa relación directa, exclusiva e inmediata pues el beneficiario, es decir, la persona dependiente, era quien mantenía dicha relación con la Administración, por lo que en los casos en que ésta fallecía sin haber reclamado y eran sus herederos quienes demandaban, la relación se consideraba indirecta. Además, en determinadas circunstancias ni se ha considerado que existiera dicha responsabilidad por parte de la Administración, aunque sí se reconocía la existencia de un derecho de crédito que se había generado al amparo de la normativa respectiva.

Así mismo, debemos de aludir a la existencia de resoluciones donde por falta de actuación o de inexistencia de PIA se ha determinado que no había Responsabilidad Patrimonial. Pese a que esto ha sucedido, ello no ha sido la tónica general para tales supuestos, pues en otros tantos procesos sí se ha admitido la existencia de Responsabilidad Patrimonial sin estar el PIA aprobado, fundamentándose ello en que “la prolongada e interminable tramitación del procedimiento ha generado un derecho indemnizatorio”.

Plazo reclamar Responsabilidad Patrimonial

 

4.-¿Cuál es el plazo para reclamar la Responsabilidad Patrimonial y desde cuándo se computa?

Conforme al artículo 67 de la Ley 39/2015, “los interesados solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de Responsabilidad Patrimonial cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo”

Sin pretender entrar en cuestiones anexas a lo que ha sido el objeto de este post y del anterior, os dejo un enlace de un artículo de otro blog por si queréis ampliar información sobre la prescripción de este plazo cuando reclamamos Responsabilidad Patrimonial.

En lo que respecta al desde cuando, nuestro tribunales han manifestado para los casos en que no se ha recibido la ayuda y se ha producido el fallecimiento de la persona dependiente que, desde luego, no ha debido de transcurrir un año desde la susodicha muerte.

 

Pues esto es todo, no solo lo relativo a los dos post en que hemos explicado  la reclamación más habitual que se da en materia de dependencia, sino que aquí ponemos punto y final a esta materia a la que le hemos dedicado nada más y nada menos que diez artículos. Espero que a los que os encontréis en una situación similar os pueda haber ayudado a obtener una útil información al respecto.

Como he dicho, ponemos punto y final a esta materia. En próximos días trataremos un tema laboral muy relacionado con la dependencia, como es el régimen laboral de los empleados del hogar. Mientras tanto, me despido nuevamente de vosotros. ¡Un saludo a todos los lectores!

 

Fuente Imagen/Autor- Flickr / Grupo Los Nogales

Mseoane es licenciado en derecho y es el autor de este blog.

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