ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEPENDENCIA

Dependencia vía administrativa

Tras haber analizado en nuestro anterior artículo la problemática relativa a cual era la jurisdicción competente para reclamar en materia de dependencia, vamos a ver en el post de hoy varias cuestiones administrativas que nos harán entender mejor tanto el siguiente artículo, que versará sobre la reclamación más habitual que han realizado los familiares de personas dependientes, como los actos administrativos que recibimos cuando solicitamos las prestaciones que la Ley 39/2006 dispone en favor de dichos sujetos.

Los puntos administrativos que trataremos en el artículo de hoy son los siguientes:

Pedir ayuda dependencia

 

  • Acceso a las prestaciones que prevé la Ley de Dependencia: si queremos disponer de las mismas, debemos de acudir al trabajador/a social asignado a nuestro domicilio para cumplimentar nuestra solicitud. Posteriormente, los valoradores procederán a apreciar la situación del dependiente emitiendo un informe al respecto. Tras ello, la Administración Autonómica determinará oficialmente cual es el grado de dependencia. En relación a dicho grado, tendremos derecho a unos determinados servicios o prestaciones económicas que serán concretados en el Programa Individual de Atención (PIA). El plazo para resolver el PIA será de 6 meses desde la solicitud inicial (volveremos sobre este plazo en la próxima entrada).

 

  • La vía administrativa: como expusimos al iniciar este post, en el anterior artículo vimos cual era la vía judicial competente donde podían reclamar los dependientes o sus familiares. En este sentido debemos de saber que antes de personarnos ante ellos debemos de hacerlo en la vía administrativa, que como decimos no es otra cosa que la instancia previa que tenemos que agotar antes de poder reclamar un acto de la Administración ante el poder judicial. Es decir, debemos de reclamar anteriormente contra la Administración en su propia vía para poder acudir posteriormente a la vía jurisdiccional. Esto deriva del artículo 106.1 de la Constitución Española, donde se nos dice que serán los juzgados y tribunales los últimos en ejercer la función revisora de ese actuar administrativo previo. En este momento debemos de detenernos para explicar que dentro de la vía administrativa existen dos tipos de actos que pudieren ser dictados. Así, tenemos por un lado los actos que ponen fin a la vía administrativa (art.114 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común), y por otro, los actos de trámite que no ponen fin a la misma. Los actos que ponen fin pueden ser recurridos de dos formas: en primer término, a través del recurso de reposición; por otro lado, acudiendo a la vía judicial e interponiendo recurso contencioso. El recurso de reposición lo presentaremos en vía administrativa ante el mismo órgano que dictó la resolución que impugnamos, el cual se encargará también de resolverlo. El recurso contencioso, como hemos dicho, se interpondrá en vía judicial, pero solo lo podremos hacer cuando previamente se haya presentado el  de reposición y este haya sido resuelto expresamente, o por contra, se haya producido un desistimiento presunto del mismo (por falta de resolución). En caso de resolución expresa del recurso de reposición, el plazo para interponer recurso contencioso es de 2 meses; en el supuesto del silencio, el plazo para ello será de 6 meses desde el día en que se entienda producido el acto presunto (art.29 y 46 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa). En cuanto al recurso que cabe contra los actos de trámite, cabrá recurso de alzada, el cual será resuelto por el superior jerárquico de quien dictó la resolución que impugnamos (pudiendo ser presentado el recurso ante este o ante quien lo dictó). Por regla general, el plazo máximo para resolver este tipo de recurso será de 3 meses, entendiéndose que si en dicho plazo no ha sido resuelto es porque ha sido desestimado (salvo lo relativo a la excepción que contiene el art.24.1.3º de la Ley 39/2015).

Recursos administrativos

 

  • Aspectos procesales del recurso contencioso-administrativo: normalmente este tipo de reclamaciones judiciales que versan sobre dependencia no tendrán una cuantía superior a 30.000 euros, por lo que de ser ese nuestro supuesto (si la reclamación fuere superior, estaríamos ante un procedimiento ordinario) el procedimiento que la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa prevé para nuestro caso será el abreviado (art.78 de la LJCA). Para conocer este procedimiento serán competentes los  Juzgados de lo Contencioso administrativo, así como también los Juzgados Centrales de esa misma jurisdicción. Pese a que las sentencias de estos tipos de juzgados son susceptibles de apelación,  si la reclamación es inferior a 30.000 mil euros ello no será así ya que el juzgado habrá conocido en única instancia y por este motivo no cabrá recurso (art.81 de la LJCA). Ahora bien, como excepción al hecho de que no conocen de recursos de apelación de cuantía inferior a 30.000 euros, cabe destacar que siempre serán susceptibles de apelación (por tanto con independencia de la cuantía) las sentencias que declarasen la inadmisibilidad de dicho recurso. ¿Y cuándo declarará una sentencia la inadmisibilidad de un recurso? Pues la Ley 29/1998, en su art. 69, nos hace una enumeración de dichas situaciones a las que os enlazo por si es de vuestro interés el conocerlas.

 

  • El concepto de silencio administrativo: cuando la Administración no dicta un acto en el plazo legalmente determinado al efecto, se producirá lo que se llama silencio administrativo. Este puede ser positivo (se entiende estimada nuestra pretensión pese a la falta de acto) o negativo (se entenderá ésta desestimada). El hecho de saber cuando tendrá uno u otro carácter en un supuesto como el que ahora nos ocupa (cuando el procedimiento ha sido iniciado a solicitud del interesado), lo deja claro el art. 24 de la Ley 39/2015 al que anteriormente os he enlazado en la parte final del punto “vía administrativa”.

 

Estas son todas esas cuestiones administrativas que creo que necesitáis conocer para poder entender el post que está por venir relativo a las reclamaciones que han cursado los familiares de los dependientes en estos últimos tiempos. Espero aportaros dicho estudio próximamente ya que la elaboración del mismo conlleva el estudio de un compendio muy amplio de sentencias de carácter muy variado. Pese a ello, espero cumplir con mi publicación mensual como habitualmente hago. Hasta entonces, ¡saludos lectores!

Manuel Ángel es licenciado en derecho y es el autor de este blog.

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